Paula Medina González
Docente e Investigadora, Facultad de Derecho y Humanidades, U.Central
La pandemia del Covid-19 nos enfrenta con nuestras vulnerabilidades políticas, institucionales, sociales y personales. Frente a la magnitud de la amenaza, no hay tiempo para esconderlas, maquillarlas o justificarlas. La credibilidad de las autoridades gubernamentales, la solidez de nuestro sistema de salud, los niveles de solidaridad y la propia responsabilidad individual, son puestas a prueba. La forma de reaccionar es clave para aminorar el impacto, que se traduce –dramáticamente- en cantidad de muertos.
El virus golpea con mayor o menor fuerza, según el lugar que ocupamos en nuestra desigual sociedad. Cualquiera puede contagiarse, es cierto, pero no todos estamos expuestos de la misma forma. Y las medidas preventivas y paliativas no llegan a todos con la misma prontitud o eficacia. En forma paradojal, los más aislados socialmente, los más acostumbrados al encierro, como son las personas privadas de libertad, son hoy día uno de los grupos con más peligro de sufrir las peores consecuencias del Covid-19. No por el contagio en sí mismo, sino porque serán -como siempre- los más olvidados, los últimos en la lista, los que ya mueren a diario por tuberculosis, enfermedades crónicas mal cuidadas o simplemente por los graves niveles de violencia carcelaria. Los presos y las presas, los que no votan, los invisibles, el reflejo más crudo de lo que somos como sociedad, están sometidos hoy a la angustia extrema de saberse a priori los fatales perdedores de esta epidemia. Frente a ellos, se improvisan indultos que se enredan en las burocracias legislativas; se traban resoluciones judiciales que buscan sustituir medidas cautelares; se diseñan planes de contingencia que, entre otros, pasan por alto detalles como el que hay varias cárceles que no cuentan ni siquiera con suministro suficiente de agua potable.
En este escenario, lo que hagamos o dejemos de hacer puede ser más dañino que la misma enfermedad. Ante las inminentes muertes en las cárceles por Covid-19, la tensión y violencia escalará, y la institucionalidad actuará de la única manera que sabe: con la fuerza. Los muertos ya no serán por el Covid-19, sino por la negligente respuesta, por lo que no hicimos, o lo que hicimos a medias. Por las sobras de una gestión gubernamental que devela, que más allá de los textos legales, la dignidad humana no vale lo mismo afuera que adentro de un recinto penal. Quizás aún estamos a tiempo de revertir en algo esta situación.