Actualmente, hay más de 10 mil personas privadas de libertad, que se encuentran en prisión preventiva o cumplen penas de menos de tres años y un día, que legalmente debiesen poder votar; pero la falta de voluntad de la autoridad les ha impedido hacerlo. El sufragio es fundamental en una democracia y su exclusión por razones de hecho, como no contar con mesas de escrutinio, constituye un acto arbitrario e ilegal, siendo inconstitucional.
La ONG Asociación de Pensamiento Penal ha promovido diversos recursos de protección para revertir esta situación, pero la lenta respuesta judicial hace ver que falta mucho por recorrer. Es importante que todas las personas puedan participar en la construcción de un Chile más inclusivo y justo, hasta aquellas privadas de libertad. ¿No era esta la oportunidad para que todos escribiéramos una constitución que nos representara?
Dr. Jörg Stippel
Abogado y académico UCEN
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