Certifican a funcionarios en promoción de espacios terapéuticos para impulsar la reinserción social juvenil

La iniciativa, financiada por el Gobierno Regional de Coquimbo, capacitó a 46 funcionarios del Servicio Nacional de Reinserción Juvenil. El objetivo es habilidades socioemocionales y entornos seguros que acompañen los procesos de cambio de adolescentes y jóvenes en conflicto con la justicia.

En la terraza del Gobierno Regional de Coquimbo se realizó la ceremonia de cierre del proyecto “Espacios Terapéuticos para la Reinserción Social Juvenil”, instancia que certificó a 46 funcionarias y funcionarios del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil en el desarrollo de habilidades socioemocionales y en la promoción de ambientes terapéuticos que favorezcan el desistimiento delictivo.

Uno de los principales desafíos en contextos de internación juvenil es el abordaje emocional y la implementación de intervenciones efectivas para acompañar procesos de cambio. En este marco, la figura del tutor y el entorno terapéutico resultan fundamentales, al ofrecer espacios seguros para la expresión, el acompañamiento y la rehabilitación.

El proyecto contempló una capacitación presencial de 10 horas (2,5 horas semanales), orientada al uso y beneficios de los espacios terapéuticos. Esta formación incluyó tanto al personal que trabaja directamente con adolescentes y jóvenes, como a equipos técnicos, administrativos y de la Dirección Regional del servicio.

Durante la ceremonia, Matías Villalobos, jefe de División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional, valoró la iniciativa destacando que “es fundamental que quienes trabajamos en el servicio público actualicemos permanentemente nuestros conocimientos y adquiramos nuevas herramientas para enfrentar los desafíos institucionales. Esta certificación, posible gracias al financiamiento del Gobierno Regional, fortalece el trabajo de las y los funcionarios del Servicio de Reinserción Juvenil, y les permite contribuir de manera concreta a la reeducación de jóvenes privados de libertad. Lo más importante es que como sociedad les brindemos una segunda oportunidad, para que puedan reinsertarse y convertirse en un aporte real a la comunidad”.

En la misma línea, la seremi de Justicia y Derechos Humanos, María José Rojas, destacó el esfuerzo interinstitucional que impulsa una nueva mirada en los procesos de reinserción. “La reinserción no es tarea de un solo servicio, sino de toda la sociedad. Esta capacitación refleja una forma distinta de intervención, que reconoce las capacidades de los jóvenes y permite que los profesionales trabajen para descubrir y potenciar esas habilidades, más allá de la sanción”.

Por su parte, la directora regional del Servicio de Reinserción Juvenil, Loreto Rebolledo, subrayó el valor del compromiso institucional: “Estamos dando un paso significativo hacia una reinserción más humana, más consciente y verdaderamente efectiva. Desde el Servicio, creemos profundamente que los espacios terapéuticos no solo transforman entornos, sino también trayectorias de vida. El compromiso de cada persona certificada es clave para construir un sistema que cree en las segundas oportunidades y en el poder transformador de lo colectivo”.

El proyecto, que contó con un financiamiento de 24 millones de pesos, también incluyó talleres formativos dirigidos a 30 adolescentes y jóvenes en situación de internación provisoria o régimen cerrado, además del acondicionamiento y equipamiento de cuatro salas terapéuticas dentro del Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado (IP-IRC) de Coquimbo.

Sofía Henríquez, coordinadora educativa del recinto y una de las participantes certificadas, destacó que “educar y acompañar en un espacio seguro y con las condiciones adecuadas tiene un impacto profundo en los procesos de cambio y transformación personal”.

Bajo la premisa de que la reinserción debe funcionar como un sistema articulado, tanto el Gobierno Regional como el Consejo Regional de Coquimbo han desempeñado un rol estratégico en la generación de oportunidades para adolescentes y jóvenes en conflicto con la justicia, apostando así a una mayor seguridad pública en el mediano y largo plazo.