Alan Sepúlveda Rodríguez – Académico Universidad Central sede Región de Coquimbo
En los últimos días, proveedores del servicio de camiones aljibe advirtieron que suspenderán la entrega si la Delegación Presidencial Regional no regulariza pagos atrasados. Desde el 1 de octubre, sectores rurales de La Serena, La Higuera, Andacollo y Las Cardas podrían quedar sin suministro. Se trata de apenas 350 litros semanales por familia, el mínimo para beber, cocinar e higienizarse. La ecuación es brutal, si el Estado no paga, el agua no llega.
Este episodio no es una simple disputa financiera, es la expresión de un diseño institucional precario. Lo que nació como paliativo frente a sequías excepcionales se ha transformado en una política crónica de abastecimiento. Emergencia hecha rutina. La continuidad depende de burocracias que no pagan a tiempo y de deudas opacas, mientras comunidades rurales terminan pagando más por un servicio caro, discontinuo y con mínima transparencia.
En lo político, los relatos son contrapuestos. Autoridades aseguran que “se está regularizando”; los proveedores responden “no podemos operar sin cobrar”; y las comunidades reclaman “agua hoy, no explicaciones”. Cada retraso erosiona confianza y concentra el mercado en pocas empresas con espalda financiera, marginando a operadores locales y debilitando la competencia.
El problema es estructural. Hay demasiados actores, públicos y privados, sin coordinación real. La normativa (Código de Aguas, Ley de SSR, decretos sanitarios) fue diseñada para tiempos normales, no para crisis prolongadas. Falta un marco que asegure continuidad mínima y transparencia obligatoria.
El caso de Coquimbo refleja procesos más amplios. A nivel global, las “emergencias permanentes” se repiten frente al cambio climático. En Latinoamérica, Lima o Ciudad de México muestran que los más pobres pagan más por el agua de camión que quienes acceden a red. En Chile, Petorca o Malleco ya han sufrido deudas millonarias y dependencia crónica del aljibe. Coquimbo no es excepción, es espejo.
Medidas mínimas serían publicar mensualmente deudas y pagos, crear un fondo regional de liquidez para servicios vitales, establecer cláusulas de continuidad en contratos y generar una ventanilla única hídrica con plazos vinculantes. En simple, que cada familia pueda entrar a una web y saber si tendrá agua la próxima semana.
La imagen final es clara, una familia midiendo litros, pendiente de si el Estado paga. No se trata de camiones, sino de garantías y confianza. Coquimbo tiene la oportunidad de mostrar que no aceptará vivir en emergencia eterna. La pregunta es inevitable ¿seremos capaces de pasar del parche a derecho garantizado?
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