Una preocupante disminución en la fiscalización de faenas mineras a nivel nacional reveló el 18° Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría General de la República, informe que sitúa a la Región de Coquimbo entre las zonas con mayores brechas de control, en un contexto donde la minería es clave para la economía local y nacional.
Según el documento, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) fiscalizó en promedio solo el 20% de las faenas mineras del país durante el período 2022–2024, evidenciando además una tendencia a la baja. La cobertura pasó de un 25% en 2022, a un 21% en 2023, y cayó a apenas un 14% en 2024.
El informe cobra especial relevancia considerando que la minería aporta más del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y concentra riesgos relevantes en materia ambiental y de seguridad laboral.
De acuerdo con los antecedentes analizados por Contraloría, entre 2022 y 2024 existieron en promedio más de 8.800 faenas mineras sujetas a fiscalización cada año a nivel nacional. En ese mismo período, se identificaron 7.150 faenas sin fiscalizar por más de dos años, situación calificada como un “riesgo crítico” para la supervisión del sector.
En ese escenario, la Región de Coquimbo destaca negativamente con 1.863 faenas sin fiscalización, ubicándose junto a Atacama (2.863) y Valparaíso (1.048) entre las regiones con mayor número absoluto de faenas no inspeccionadas, pese a concentrar una parte importante de la actividad minera del país.
El análisis territorial también evidenció fuertes diferencias regionales. Mientras Magallanes (50%), Maule (44%) y Los Lagos (42%) presentan los mayores niveles de control, Coquimbo se mantiene entre las regiones con menor cobertura efectiva, tensionando la capacidad de supervisión en una zona históricamente minera.
Uno de los factores identificados por Contraloría para explicar esta situación es la desigual carga laboral de los fiscalizadores. En regiones como Coquimbo, cada inspector tendría a su cargo en promedio más de 490 faenas, muy por sobre el promedio nacional, mientras que en algunas regiones del sur un fiscalizador revisa menos de 10.
Ante estos antecedentes, la Contraloría instruyó a Sernageomin a adoptar medidas urgentes de priorización y fortalecimiento de su rol fiscalizador, junto con una asignación territorial más eficiente de sus equipos, considerando faenas activas, número de instalaciones y aquellas sin fiscalización prolongada.
Tras la publicación del informe, Sernageomin señaló que las cifras de Contraloría consideran un universo amplio que incluye registros históricos y administrativos, sin distinguir entre faenas activas, paralizadas o cerradas, lo que a su juicio “sobredimensiona el número de instalaciones supuestamente no fiscalizadas”.
Según el propio servicio, al 31 de diciembre de 2025 existían 3.512 faenas mineras operativas en el país y la fiscalización sobre ese universo alcanzaría niveles superiores al 80%, priorizando aquellas de mayor riesgo para la seguridad de los trabajadores y el entorno.
En el caso específico de Coquimbo, Sernageomin indicó que de las 1.863 faenas mencionadas por Contraloría, 1.736 no se encuentran operativas, lo que equivale al 93%. Además, reconoció que la dotación de fiscalizadores ha disminuido, pasando de 65 en 2022 a 56 en 2024, aunque aseguró estar trabajando en mejorar sus procesos y coordinación con los órganos de control.
El debate vuelve a instalar una preocupación de fondo para la Región de Coquimbo: cómo asegurar una fiscalización efectiva y oportuna en un territorio donde la minería sigue siendo motor económico, pero también un foco permanente de riesgos ambientales y laborales.
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