Incluso dispararon contra un perro durante el ataque ocurrido en 2022. El acusado quedó en prisión preventiva.
La Fiscalía formalizó a un imputado por una serie de delitos ocurridos en la comuna de Punitaqui, en la Región de Coquimbo, hechos que incluyen amenazas de muerte, disparos contra una vivienda, daños materiales y tenencia ilegal de armas y municiones.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público —a través del equipo del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SAC)— los hechos se remontan al 4 de enero de 2022, alrededor de las 08:25 horas, cuando una víctima y su núcleo familiar se encontraban en su domicilio.
En ese contexto, dos sujetos habrían llegado hasta el lugar y comenzaron a efectuar disparos contra los ocupantes del inmueble.
Según la investigación, los individuos amenazaron de muerte a la víctima y a su familia, profiriendo insultos e intimidaciones. Incluso, durante el ataque, uno de los disparos alcanzó a la mascota del grupo familiar, un perro de raza basset hound, que resultó lesionado.
Los disparos además provocaron daños en la vivienda, específicamente en planchas de internit de la estructura.
Tras diligencias investigativas, la policía logró recientemente la detención de uno de los imputados, identificado con las iniciales B.A.M., quien fue formalizado por amenazas no condicionales, daños y porte ilegal de armas de fuego.
A ello se suma un segundo hecho ocurrido el mismo día, donde el imputado mantenía en otro domicilio de Punitaqui una escopeta de fabricación artesanal —consistente en un tubo metálico adaptado para disparos— además de cartuchos de diverso calibre.
Por esta situación fue formalizado también por tenencia ilegal de arma de fuego artesanal y tenencia ilegal de municiones.
El fiscal jefe del sistema SAC, Eduardo Yáñez, solicitó la medida cautelar de prisión preventiva “por peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas en el primer hecho, y por peligro para la seguridad de la sociedad en el segundo”.
La solicitud fue acogida por el Juzgado de Garantía, que decretó la prisión preventiva del imputado y fijó un plazo de 70 días para el cierre de la investigación.
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