La Serena: denuncian ante Contraloría posible uso de fondos públicos en defensa de militar condenado por caso Romario Veloz

Senador Daniel Núñez y la madre del joven asesinado expresaron además su preocupación por un eventual indulto al excapitán del Ejército.

Hasta la Contraloría General de la República llegaron el senador Daniel Núñez, junto a Mery Cortés, madre de Romario Veloz, y el equipo jurídico que los representa, para presentar una denuncia por el eventual uso de recursos públicos en la defensa del exmilitar José Faúndez, condenado por el asesinato del joven en La Serena.

Faúndez cumple actualmente una condena de 15 años de cárcel, luego que a inicios de 2024 se ratificara la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de La Serena. El caso se remonta a octubre de 2019, cuando el entonces excapitán ordenó el uso de munición de guerra contra manifestantes, dejando como resultado a Romario Veloz fallecido y a otras personas con heridas graves.

Según expusieron los denunciantes, existirían antecedentes que apuntan a que la defensa del condenado podría haber sido financiada con recursos fiscales, lo que motivó la presentación ante el organismo contralor para que investigue los hechos.

“Hemos solicitado a la contralora general Dorothy Pérez que se indague si la defensa del excapitán fue financiada con recursos públicos. Existe la preocupación de que esto se haya realizado a través de la Defensoría Penal Militar o mediante la contratación de abogados con fondos del Estado”, señaló el senador Núñez.

Junto con esta acción, tanto el parlamentario como la familia de la víctima manifestaron inquietud por la posibilidad de que el exmilitar pueda acceder a un indulto presidencial. Según indicaron, esta opción ha sido mencionada en el actual contexto político, lo que encendió las alertas sobre un eventual escenario de impunidad.

“Nos mantenemos vigilantes ante la amenaza de que se otorgue un indulto. Después de años de lucha para lograr una condena, no podemos permitir que se revierta ese proceso”, agregó Núñez.

Por su parte, Mery Cortés cuestionó duramente la posibilidad de un beneficio de este tipo. “¿Quién pidió perdón a las madres que perdimos a nuestros hijos? ¿Quién le pidió perdón a las familias de las víctimas? No es justo que ahora se busque favorecer a quienes cometieron estos crímenes”, expresó.

La presentación ante la Contraloría busca esclarecer si hubo o no uso indebido de recursos públicos, mientras que el debate por un eventual indulto mantiene en alerta a la familia y a quienes han seguido el caso desde sus inicios.