- Se crea la ANEI para frenar el impacto del contrabando y las falsificaciones en Chile.
- El comercio ilícito causa pérdidas fiscales de US$ 1.500 millones anuales al país.
- La asociación busca colaborar con el Estado para desincentivar la compra informal.
● *Diversas industrias se unieron para contribuir al combate al comercio ilegal, el contrabando y las falsificaciones, advirtiendo que estos mercados son el motor financiero de otros delitos violentos.*
Esta mañana diversas industrias del sector privado se unieron para formar la primera *Asociación Nacional contra las Economías Ilícitas (ANEI)*, una iniciativa que busca articular una colaboración estratégica con las autoridades para reducir la oferta de productos ilegales y desnormalizar la compra de bienes en el comercio informal en Chile.
La creación de esta entidad responde a un diagnóstico crítico sobre el avance de la criminalidad y la pérdida de los espacios públicos. De acuerdo con el reciente informe “Por un Chile sin Economía Ilícita”, preparado por la Confederación de la Producción y del Comercio, las actividades ilícitas causan un daño al fisco valuado en aproximadamente US$ 1.500 millones al año, y el sector privado gasta casi US$ 2.700 millones para protegerse del crimen organizado.
Ante este escenario, empresas líderes de diversas industrias adoptaron una postura activa y de corresponsabilidad corporativa frente a una problemática que, señalan, afecta por igual a ciudadanos, empresas y al Gobierno, advirtiendo que el contrabando, el comercio ilícito y las falsificaciones se han convertido en los principales motores financieros de otras actividades ilegales.
Esta coalición está integrada por *BAT Chile, Duracell, Empresas SB, L’Oréal Groupe Chile y Penguin Random House Grupo Editorial*. Es presidida por *Arturo Alessandri*, abogado del estudio *Alessandri Abogados*, y busca impulsar iniciativas públicas bajo la premisa de que el sector privado desempeña un rol fundamental en el respaldo de la gestión gubernamental.
“Hoy, el entorno económico castiga a quienes cumplen las reglas y favorece una informalidad que alimenta financieramente a las bandas criminales, facilitando su escalada hacia otros delitos. Contamos con valiosos diagnósticos tanto sobre la merma de ingresos fiscales como sobre el costo del impuesto a la seguridad que debe pagar el sector privado. Buscamos ser un paraguas para compartir información y generar actividades apoyadas por la iniciativa privada, con el fin de encontrar soluciones conjuntas con el Estado, los entes fiscalizadores y la ciudadanía. Creemos que es momento de pasar a la acción”, señala Arturo Alessandri, presidente de la ANEI.
*Respaldo transversal*
El lanzamiento contó con la presencia de representantes del mundo privado, de la sociedad civil y del público, como el subsecretario de las Culturas y de las Artes de Chile, Carlos Lobos Mosqueira, quien instó a “los actores de todos los ámbitos a sumarse a este esfuerzo transversal y contribuir a una nación más segura para todos”.
La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, agregó que: “Las empresas deben dar un paso al frente aportando datos concretos y experiencia práctica. ANEI permitirá hacer frente a un crimen organizado al que no podremos desarticular utilizando las mismas herramientas de siempre”.
Por su parte, Pilar Lizana, doctora en Gobierno y Administración Pública y miembro del consejo asesor del Observatorio Territorial de Seguridad de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), destacó el valor de la alianza: “El crimen organizado opera con lógica empresarial, busca maximizar rentabilidades y utiliza la violencia como herramienta de negocio. Las economías ilícitas crecen silenciosamente, alimentan este fenómeno y generan un enorme costo social y fiscal para Chile. Para derrotarlas, necesitamos comprender la naturaleza de esta amenaza y responder con una estrategia unificada entre los sectores público y privado. En esto, la creación de ANEI es un paso fundamental”.
*Propuestas gremiales*
La institución propone establecer una política de Estado que perdure más allá de los cambios de gobierno, con el fin de ser un aporte transversal para todas las administraciones.
Entre sus propuestas principales, se contemplan:
1. La formación de una *asociación público-privada* (ANEI) que reconozca al empresariado como un aliado estratégico en el combate a las economías ilícitas, capaz de aportar valor mediante herramientas como la cooperación en materia de información y tecnología. 2. Apoyar la creación de un *Sistema Nacional de Información Interinstitucional*, que actúe de manera independiente y guíe los esfuerzos público-privados. 3. *Unificar el discurso público sobre las economías ilícitas* con el fin de contar con una definición, una narrativa y acciones congruentes que terminen con la romantización de este fenómeno, especialmente en el comercio. 4. *Formalizar los mecanismos de cooperación público-privada* en materia de combate a las economías ilícitas para garantizar su continuidad y su evaluación constante. 5. Implementar un *sistema eficiente para la gestión de bienes incautados* que permita aplicar la destrucción temprana o reutilización social de los bienes decomisados, con el objetivo de liberar capacidad operativa en bodegas, juzgados y aduanas.
