- Dirigentes vecinales reportan desorganización en la entrega de ayudas de SENAPRED y problemas con la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).
- Se solicita formalmente una prórroga para la aplicación de la FIBE con el fin de evitar que familias damnificadas queden excluidas de los beneficios.
- Vecinos cuestionan la capacidad de respuesta de empresas de servicios básicos como Aguas del Valle y CGE durante la emergencia.
Dirigencias sociales de juntas de vecinos de la Parte Alta de Coquimbo, El Llano y Guayacán plantearon problemas en la entrega de ayudas, la aplicación de la FIBE y cuestionaron la respuesta de empresas de servicios básicos durante la emergencia. Se acordó elaborar un catastro y consolidado de necesidades para llevar sus demandas al Ejecutivo.
La diputada Nathalie Castillo y la concejala de Coquimbo, Sonia Elgueda, sostuvieron una reunión de trabajo con representantes de nueve juntas de vecinos de la Parte Alta, El Llano y Guayacán, con quienes realizaron un análisis y diagnóstico de la respuesta institucional y las principales consecuencias que dejó el sistema frontal en estos sectores de la comuna.
Durante el encuentro, las dirigencias vecinales señalaron que existió desorganización en la entrega de las ayudas de emergencia provenientes de SENAPRED, particularmente en la distribución de cajas, además de dificultades y problemas de coordinación en la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).
Precisamente, una de las principales solicitudes fue gestionar una prórroga para la aplicación de la FIBE, evitando que personas damnificadas queden fuera de los catastros y eventuales ayudas por problemas de plazo o coordinación institucional.
“Nos han planteado problemas en la distribución de las ayudas, dificultades con la FIBE y una respuesta que en distintos momentos no tuvo la coordinación que una emergencia de esta magnitud requería. Nuestro compromiso es recoger estos antecedentes, ordenarlos y llevarlos directamente al Ejecutivo para exigir respuestas y soluciones”, señaló la diputada Nathalie Castillo.
Otro de los puntos abordados fue la evaluación de la respuesta de las empresas de servicios básicos. Los vecinos y vecinas manifestaron su preocupación por lo que calificaron como poca disposición y capacidad de respuesta de Aguas del Valle y CGE durante la emergencia en estos sectores, especialmente frente a las dificultades que enfrentaron las comunidades producto de las interrupciones y problemas asociados al suministro.
Por su parte, la concejala Sonia Elgueda destacó la importancia de que la reconstrucción y evaluación de la emergencia se realicen escuchando directamente a las organizaciones territoriales.
“Las juntas de vecinos fueron fundamentales durante la emergencia y son quienes conocen de primera fuente las necesidades de cada sector. Por eso acordamos hacer un catastro, reunir y sistematizar sus demandas y generar un trabajo sectorial que nos permita llevar una voz común ante las autoridades. No queremos que estas experiencias queden solamente en un diagnóstico, sino que permitan obtener respuestas concretas y mejorar la forma en que se enfrenta una emergencia”, señaló Elgueda.
La experiencia y los antecedentes recopilados por las organizaciones vecinales serán incorporados al trabajo de la futura Comisión Especial Investigadora (CEI) impulsada por la diputada Castillo en la Cámara de Diputadas y Diputados para fiscalizar la actuación de los organismos públicos frente al sistema frontal.
“Queremos que la futura Comisión Investigadora también pueda escuchar lo que vivieron los territorios. La fiscalización no puede hacerse solamente desde Santiago o revisando documentos: necesitamos conocer qué pasó en los barrios, cómo llegaron las ayudas, qué ocurrió con los servicios básicos y dónde fallaron las coordinaciones. Esa experiencia será fundamental para determinar responsabilidades y, sobre todo, para que estas situaciones no vuelvan a repetirse”, agregó Castillo.
Como parte de los acuerdos, se realizará un catastro y un consolidado de las necesidades que persisten en los distintos barrios. Asimismo, se acordó convocar un encuentro sectorial de juntas de vecinos y vecinas, que permita ampliar el diagnóstico, sistematizar las demandas y construir un documento común para ser presentado ante el Ejecutivo.
