“Cuando esta agenda se anunció originalmente en diciembre pasado, señalamos que iba en el sentido correcto, que es un avance indudable y necesario, pero sin embargo creo que está llegando un poco tarde y, además, me parece que sigue siendo una agenda coja o incompleta”, señaló Jaraquemada.
Según el titular de transparencia la iniciativa no incluye aquellas instituciones “respecto de las cuales la gente estima que son actores privilegiados o donde hay brechas de ese tipo, por ejemplo, el parlamento”.
Jaraquemada subrayó que se trata de una agenda acotada “que no ataca el conflicto de interés que puedan tener parlamentarios y que hemos señalado en reiteradas oportunidades; no vemos -además- medidas pro transparencia, de ampliación del tema de Alta Dirección Pública o de aplicación de ley del Lobby a las empresa públicas”.
“Tampoco hay nada en torno al tema municipal de dobles contrataciones, por ejemplo, uso de horas extraordinarias, de donaciones que los privados hacen a organismos municipales o de las compras y licitaciones que ahí se realizan; tampoco vemos iniciativas que vayan a un tema prioritario como supervigilar adecuadamente los procesos de adjudicación y modificaciones o término de grandes contratos de licitación en infraestructura”, espetó.
Asimismo, el presidente del Consejo enfatizó que según su parecer no había un aumento de sanciones para las personas naturales o jurídicas que hayan participado en actos contrarios a la probidad o libre competencia, “por ejemplo estableciendo que no puedan participar en futuras licitaciones del Estado”, “ni mayores atribuciones para una entidad tan relevante como la Contraloría General de la República”.
“En este sentido, lo que me cabe a mí concluir es que la única forma de avanzar en una mayor credibilidad y confianza en las instituciones es acelerando e incrementando la mayor transparencia y probidad en el sistema público en general”, finalizó.
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