El derecho de las personas con discapacidad en el proceso constituyente

María Angélica Valladares
Directora carrera Pedagogía en Educación Diferencial, UCEN

En los últimos 30 años hemos podido observar una importante transición respecto del sentido que tuvo la integración de las personas con discapacidad en los distintos espacios del desarrollo humano, hacia lo que hoy en día denominamos la inclusión social de ellas.

A nivel de las políticas públicas, las personas con discapacidad han hecho prevalecer la identificación de apoyos y medidas contenidas en diversos acuerdos y regulaciones nacionales e internacionales. Nos han permitido generar una mayor, pero aún no suficiente valoración del real aporte que nos entregan, cuyas características forman parte del anhelado reconocimiento de la diversidad como parte de la riqueza humana.

El próximo plebiscito, es una oportunidad para observar a través del “Voto asistido”, qué tan plena es la participación de las personas, independiente de sus características y necesidades asociadas a una discapacidad.

Por ejemplo, los electores con discapacidad visual, podrán optar por una plantilla confeccionada en una mica transparente, con ranuras correspondientes a cada materia que se someterá a la votación y también, se dispondrá de plantillas con sistema Braille. Esto resuelve un primer paso básico a la inclusión de los mecanismos para votar, pero amerita una inducción previa y la consideración a que presenta un bajísimo nivel de uso.

Una perspectiva legítimamente inclusiva, serán los criterios que en cada caso podrán aplicar los delegados de las mesas electorales, en cuanto a si corresponde o no el acompañamiento, o incluso, contar con una visión más holística asociada a las múltiples necesidades que se derivan de situaciones como embarazo, movilidad reducida, vejez u otras. Como país necesitamos pasar del simple acto declarativo, a una cultura y práctica más sensible al efectivo ejercicio de los derechos. Relevemos el valor incuestionable de la opinión de las propias personas con discapacidad, quienes representan el 16,7% de la población chilena, es decir 2 millones 836 mil 818 personas, siendo el 20% de la población adulta, 2.606.914 personas, según la última Encuesta Nacional (SENADIS, 2015).

Así como el acceso a la educación en todos sus niveles, es un derecho. La inclusión social es también un derecho esencial que dará mayores oportunidades a todas las personas y en particular, aquellas que históricamente han estado relegadas.