Estas consideraciones tienen a lo menos dos dimensiones, la primera, los diputados no tienen per sé formación jurídica, de hecho, no tienen por qué tenerla y es evidente que sus pronunciamientos van mucho más allá de lo estrictamente jurídico. La 2° dimensión y estimo la más importante, es que la formulación de la acusación es resuelta por el órgano político por excelencia, como es la Cámara de Diputados, la que evidentemente está influenciada por el acontecer que afecta al país, el que sin duda da cuenta de un gobierno débil y sin agenda.
Pese al antagónico momento por el que atraviesa la oposición y el gobierno, no debe perderse de vista que la acusación constitucional es la última ratio entre los mecanismos de control político de que dispone el Congreso, el que lamentablemente se ha banalizado, quedando fundamentalmente al arbitrio del clima político y de las circunstanciales mayorías que la oposición de turno tenga en la Cámara de Diputados.
Emilio Oñate
Decano Facultad de Derecho, UCEN
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