Operativos simultáneos en La Serena y Coquimbo buscan frenar vulneraciones de niños, niñas y adolescentes migrantes

La actividad se desarrolló en el marco de la Mesa Regional de Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes, coordinada por el Sename Coquimbo.

Con un operativo simultáneo en las comunas de La Serena y Coquimbo, la Mesa Regional de Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes busca frenar que menores de edad sean utilizados por sus padres extranjeros en actividades de mendicidad.

Con la educación y la fiscalización como ejes centrales, Sename, Gobernación del Elqui, Carabineros, Seremi de Justicia, Policía de Investigaciones, Oficinas de Protección de Derechos, Oficinas de Migrantes y organizaciones de la sociedad civil, buscan frenar la vulneración de derechos infantiles de migrantes en la región.

Se trata de una alianza estratégica entre dichas instituciones, que se materializó en dos operativos para realizar acciones preventivas y detección de familias migrantes en las cuales se visibilicen niños y niñas, con motivo de concientizar respecto de los riesgos de la mendicidad y el circuito de calle, así como advertir posibles vulneraciones.

“Es una preocupación que pone la ciudadanía, asociada a la situación de niños migrantes que son utilizados para mendigar. Nosotros como mesa estamos iniciando una campaña, primero para educar a las familias extranjeras, explicarles que en Chile se protegen los derechos de los niños y que no es posible que los utilicen para estos fines. Nosotros vamos a salir también el próximo lunes 28 a conversar con las familias, a educar, pero también a establecer un procedimiento de denuncia con el fin de poder pedir las medidas de protección y las acciones que determinen los Tribunales de Familia, para favorecer la situación de los niños y niñas “, explicó la directora del Sename Coquimbo, Verónica Zárate.

Frente a lo señalado, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Alejandra Valdovinos, añadió que “es sumamente relevante que podamos informar que utilizar a los niños para pedir dinero los coloca en una situación de desprotección y que puede generar un peligro aún mayor, por eso es importante que sepan que van a contar con la protección del Estado y del gobierno chileno”.

El foco de este trabajo, al menos en una primera instancia, serán los niños, niñas y adolescentes venezolanos, colonia que ha ido en aumento en los últimos meses.

“A nosotros siempre nos van a preocupar los niños, por ende, cuando vemos que los están ocupando en las esquinas para solicitar dinero, nos llama la atención y nos preocupa. Si vemos a niños 8, 12 horas trabajando bajo el sol para que los adultos que los acompañan puedan obtener más ganancias, vemos claramente una vulneración. Como Gobierno acompañamos esta fiscalización para evitar que situaciones como estas vuelvan a pasar y también concientizar a la ciudadanía, porque más allá de un acto de solidaridad, se están ocupando niños para hacer un negocio “, manifestó el gobernador del Elqui, Marcelo Gutiérrez.

En esta primera etapa se acudió a focos activos, como la ruta 5, calle Prat y el sector del Empalme, en Coquimbo, en donde se buscó concientizar e informar, pero también anotar los antecedentes de niños y adultos, puesto que muchos son migrantes irregulares, mientras que otros son ilegales.

“La mendicidad por naturaleza no es un delito, pero cuando se hace con un menor de edad se transforma automáticamente en una vulneración flagrante y que trae como consecuencias otros delitos conexos”, señaló el coronel Carlos Rojas.

En tanto, en la ronda del 28 de diciembre se desarrollará una fiscalización y quienes continúen con las situaciones vulneradoras, serán denunciados al Tribunal de Familia y se solicitará una medida de protección para los niños involucrados.

“Este catastro que estamos realizando es importante para después ir a fiscalizarlos y de no cumplir, hacer las denuncias a los tribunales que correspondan y adoptar los cursos de acción que la ley claramente señalan”, añadió el prefecto de la provincia del Elqui.

En total, se sensibilizó a cerca de 500 personas de La Serena y Coquimbo, a través de la entrega de folletería, y se fiscalizó a familias venezolanas, peruanas y chilenas.