Profesor Facultad de Derecho y Humanidades, UCEN
Han aumentado significativamente las quejas por las demoras que se producen en las tramitaciones básicas que los inmigrantes deben efectuar en el Departamento de Extranjería del Misterio del Interior y Seguridad Pública.
Si consideramos los antecedentes que entregan instituciones dedicadas al tema migratorio, como el Instituto Católico Chileno de Migración, el Servicio Jesuita a Inmigrantes o la Fundación Red de Inmigrantes; la demora en el otorgamiento y renovación de visas llega a ocho meses mínimo y comúnmente un año. Por otra parte, la tramitación de permanencia definitiva dura en promedio un año y medio llegando frecuentemente a los dos años, más del doble de lo que ocurría con anterioridad.
Se ha detectado como una causa de lo descrito la digitalización de los trámites, toda vez que esta vía no ha significado en la práctica una simplificación de ellos, sino una traba y constituye fuente de dilaciones. Las consecuencias de esta situación son graves ya que personas con permanencia regular han quedado indocumentadas y con el riesgo de ser declaradas irregulares. Se observa que frecuentemente las propias instituciones oficiales hacen caso omiso del documento que certifica que una visa se encuentra en trámite. Fundadamente se denuncia la producción de un círculo vicioso, esto es, “si no hay visa no hay trabajo y como no se tiene trabajo, tampoco se posee visa”.
Los efectos sociales negativos que agudizan la vulnerabilidad de los inmigrantes son evidentes: no se pueden perfeccionar contratos de trabajo, no se puede postular a subsidios del Estado, se ve obstaculizado el retiro del 10% de los fondos previsionales, no se pueden realizar firmas públicas, entre otros.
Todo indica que es perentorio establecer un protocolo que fije plazos efectivos de respuestas a lo menos respecto a solicitudes de visas, prórroga de ellas y permanencia definitiva. Ello solo será posible si se asume una conducta acogedora y no refractaria respecto al fenómeno migratorio.
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