A pocos días de la última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal —que agrupa a las principales organizaciones del rubro a nivel nacional— hizo un enérgico llamado al Ejecutivo a cumplir su promesa de terminar con la Ley Longueira, aprobada bajo escándalos de corrupción y ampliamente cuestionada por su sesgo en favor de la gran industria.
“Presidente Boric, usted prometió terminar en su gobierno con la Ley Longueira. La ley de fraccionamiento es un golpe al corazón de la normativa vigente, pero no es su fin. Su cuenta pública es la última oportunidad que tiene de demostrar que está con quienes viven del mar y no con quienes lucraron a costa de él”, afirmó Hernán Cortés, presidente de CONDEPP y vocero de la Alianza.
Uno de los puntos clave y que está en disputa en el debate de la Ley de Fraccionamiento es la redistribución de la cuota de merluza común. Sobre el punto la Alianza exige restituir el 70% para la pesca artesanal, frente al 30% que quedaría en manos de la industria.
“La merluza debe volver a ser la pesca del pueblo. Cada vez es más cara y escasa. Se requiere una política que piense en las ferias, en los hogares y en las mujeres que trabajan en el rubro artesanal”, enfatizó Sara Garrido, presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal.
Otro eje crítico sobre el que esperan el Presidente se pronuncie en su cuenta pública es el financiamiento de la plataforma social para el sector artesanal, propuesta que depende de la aprobación de las licitaciones del 15% de la cuota adicional de jurel asignada recientemente a Chile. Dichas licitaciones han sido bloqueadas en el Congreso por sectores de oposición, incluso por parlamentarios oficialistas como el senador Fidel Espinoza.
“Sin licitaciones, no hay financiamiento responsable. Si el Gobierno habla de responsabilidad fiscal, debe defender este mecanismo que no sólo sostiene el proyecto, sino que asegura dignidad para miles de pescadores”, afirmó Pascual Aguilera, presidente de CORANOR.
Por otro lado y en medio del debate por el cierre de plantas industriales como PacificBlu —filial de Blumar, empresa involucrada en el caso Bruma— los pescadores también exigen transparencia real en el empleo industrial y reconocimiento al aporte económico y social de la pesca artesanal, que genera más puestos de trabajo por tonelada capturada que la industria.
“Hablan de empleo femenino, pero ocultan los contratos por temporada, el subcontrato. ¿Y las miles de mujeres que filetean, encarnan y limpian pescado en las caletas? También merecen protección”, apuntó Miguel Ángel Hernández, dirigente de la Federación Nuevo Amanecer.
Finalmente, la Alianza solicitó al Mandatario que ratifique en su discurso frente al Congreso Pleno su compromiso con la tramitación de la nueva Ley de Pesca, que hoy avanza lentamente en la Cámara de Diputados.
“Esperamos que el Presidente mantenga la urgencia legislativa. Chile no puede seguir con una ley manchada por la corrupción y diseñada para unos pocos”, concluyó Cortés.
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