Región de Coquimbo refuerza alerta ante señales de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes

Jornada interinstitucional buscó capacitar a equipos públicos sobre cómo detectar posibles casos de ESNNA. Participantes firmaron apoyo simbólico al Convenio de Lanzarote.

Con un llamado a estar atentos frente a señales que podrían advertir casos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESNNA), se desarrolló una jornada de capacitación organizada por la Fiscalía Regional de Coquimbo, el Servicio de Protección Especializada de la Niñez, la Fundación Ciudad del Niño La Serena y la Defensoría de la Niñez.

La actividad tuvo como objetivo principal fortalecer el trabajo preventivo y coordinado de las instituciones que forman parte de la red de atención a víctimas y testigos, entregando herramientas prácticas para identificar situaciones de riesgo y activar los protocolos correspondientes.

La Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT) de la Fiscalía Regional presentó un conjunto de señales meramente orientativas, dinámicas y que no deben ser usadas para estigmatizar, pero que pueden constituir indicios de alerta.

Entre las señales de “alta alarma” destacan el manejo repentino de dinero, vinculación con adultos no familiares, envío de fotos sexuales, consumo de drogas o alcohol, deserción escolar, salidas sin autorización, amistades con otras víctimas y uso problemático de plataformas digitales. Por otro lado, indicadores de “alarma media” incluyen alteraciones del sueño, vestimenta no acorde a la edad, uso excesivo del celular, depresión y cambios bruscos de comportamiento.

El desafío de detectar

La jefa de la URAVIT, Ivonne Alfarez, explicó que la detección oportuna es uno de los grandes desafíos: “Lo que me correspondió presentar fue el trabajo colaborativo que quedó plasmado en este protocolo investigativo interinstitucional. Persigue mejorar la respuesta del sistema de justicia, sin perder de vista los tratados internacionales y el interés superior del niño. Debemos reconocer que la develación en estos casos es muy escasa y muchas veces surge a través de la sospecha que levantan funcionarios públicos”, señaló.

Desde la sociedad civil, Karen Tapia Collao, directora del Programa Especializado en Explotación de Fundación Ciudad del Niño, subrayó la importancia de la coordinación institucional: “La explotación es multicausal, por eso es clave que haya articulación con salud, educación, justicia, redes familiares y laborales. Es un trabajo de sinergia que permite detectar y abordar los casos con mayor eficacia”, indicó.

La directora regional del Servicio de Protección Especializada, Anita Bonell Bravo, complementó: “En la escuela, por ejemplo, puede haber señales como un niño con dinero que invita a otros compañeros. Basta con tener la sospecha de explotación sexual para activar la denuncia. Les pido que sean agentes activos”, expresó.

Apoyo al Convenio de Lanzarote

La jornada culminó con la firma simbólica de respaldo al Convenio de Lanzarote, el primer tratado internacional dedicado exclusivamente a la protección de niños, niñas y adolescentes contra la violencia sexual. Firmado por los 46 países miembros del Consejo de Europa, Rusia y Túnez, Chile podría convertirse en el primer país de Latinoamérica en adherir a este instrumento, que obliga a los Estados a sancionar la explotación sexual, fortalecer las políticas de protección y mejorar la cooperación institucional.

¿Qué hacer ante una develación?

La Fiscalía recordó que ante una revelación o sospecha de explotación sexual, se deben seguir protocolos claros: acoger sin enjuiciar, proteger la confidencialidad, no preguntar detalles, preservar evidencia, contactar a policías y/o derivar a centros asistenciales si hay lesiones.
Las denuncias pueden ser presentadas por la víctima, terceros, juzgados de familia o directamente ante el Ministerio Público.

La Fiscalía Regional de Coquimbo cuenta con fiscales especializados, abogada asesora, analistas y equipos policiales preferentes para estos casos, desplegando diligencias que incluyen pericias, recuperación de evidencia, entrevistas videograbadas y medidas de protección.

Con este tipo de jornadas, las instituciones buscan avanzar hacia una respuesta más rápida, empática y efectiva frente a uno de los delitos más invisibilizados pero que más vulnera los derechos de la infancia.