Socializan protocolo para gestionar casos de adolescentes con atenciones simultáneas en los Servicios de Protección y Reinserción Juvenil

Con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y mejorar la atención a adolescentes y jóvenes atendidos en los Servicios de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y de Reinserción Social Juvenil, se realizó la jornada regional de socialización del Protocolo para la Gestión de Casos en Simultaneidad.

El documento, sustentado en la ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, aborda uno de los nudos más críticos del sistema: superar la fragmentación institucional y dar continuidad a las intervenciones cuando un adolescente ha sido víctima de vulneraciones de derechos y, a la vez, cumple medidas o sanciones en el sistema penal juvenil, desde un enfoque que busca comprender al adolescente en su dimensión individual y contexto.

En la capacitación, participaron más de cien profesionales de programas de protección, centros de cumplimiento de medidas y sanciones y equipos de los organismos del intersector, quienes recibieron la transferencia técnica sobre los fundamentos y flujos de gestión establecidos en este protocolo, que el año 2024 fue piloto en cuatro regiones del país, incluida la Región de Coquimbo.

La directora (s) regional del Servicio de Protección, Macarena Tapia Vallejos, explicó que “En el marco de las gestiones integradas de ambos Servicios, se han definido líneas de acción prioritarias para enfrentar el desafío de dar respuesta simultanea y una mejora integral en la protección y restitución de derechos de adolescentes y jóvenes. Este protocolo favorece la intervención psicosocial continua y su preparación para una la vida independiente, con una atención más completa y efectiva de los programas especializados de protección y reinserción juvenil, más aún cuando las derivaciones para atenciones han aumentado”.

En tanto, la directora del Servicio de Reinserción Juvenil de Coquimbo, Loreto Rebolledo Risetti, señaló que “El énfasis es trabajar en intervenciones coordinadas, dada la complejidad de las trayectorias de los jóvenes con los que intervenimos, que muchas veces han vivido vulneraciones de derechos en su niñez que requieren de reparación, pero al mismo tiempo deben cumplir una medida o sanción. Es de toda justicia que, teniendo un Sistema Integral de Garantías, podamos trabajar coordinadamente para su bienestar, la promoción de sus derechos y concebir la reinserción como un sistema”.

El rol de los Ministerios de Desarrollo Social y Familia y de Justicia y Derechos Humanos, así como la coordinación con el sistema penal juvenil, resultan claves en la implementación, por lo que este protocolo también se dará a conocer a todos los actores judiciales y administrativos, en función de alcanzar los objetivos de los planes de intervención.

En ese contexto, el seremi de Desarrollo Social y Familia, Celso López San Francisco, planteó que “En el camino de este nuevo paradigma del Estado como garante de los derechos de niños, niñas, adolescentes, es esencial insistir en la articulación de la gestión y la colaboración en los procesos, y en este caso nos encontramos con una gran parte del ecosistema intersectorial de protección y garantías, para un trabajo lo más pertinente y oportuno en base a lo que ha definido la ley como nuestro mandato”.

“Estuvimos presentes con el Servicio de Protección y el Servicio de Reinserción Social Juvenil, donde lo más relevante es coordinar, comunicar y complementar estas intervenciones, ya que lo más importante es reconocer a adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho, considerando sus historias de vulneración y sus trayectorias de vida, donde el Estado es responsable de mantener esta protección y de darles espacio a la reinserción”, dijo la seremi de Justicia y Derechos Humanos, María José Rojas Erbetta.

Es importante mencionar que se contempla la conformación de un equipo regional integrado por profesionales de ambos Servicios, con el fin de garantizar decisiones coordinadas y una atención integral eficiente que contribuya a la reparación, restitución de derechos y reinserción de adolescentes y jóvenes, asegurando, de esta manera, la correcta implementación del protocolo antes mencionado.