Contraloría revela grave desorden financiero del Estado: municipalidades de la Región de Coquimbo figuran entre las entidades que no lograron validar sus cuentas

La auditoría incluye a municipios como Canela y Paihuano y confirma que ninguna de las 73 instituciones fiscalizadas —del Gobierno Central y del sector municipal— pudo acreditar la confiabilidad de sus estados financieros. El informe expone una crisis nacional que compromete recursos equivalentes a un sexto del presupuesto público 2026.

La Región de Coquimbo quedó directamente expuesta en el Segundo Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA N°2) de la Contraloría General de la República, que revisó los estados financieros de 73 entidades públicas entre los años 2020 y 2024. En el listado figuran municipalidades de la región como Canela y Paihuano, lo que evidencia que el desorden financiero detectado no es ajeno al territorio y podría reflejar una situación más extendida en el aparato público regional.

El resultado del proceso fue categórico: en el 100% de las entidades auditadas la Contraloría se abstuvo de emitir opinión, lo que en términos técnicos significa que no fue posible confirmar que las cifras presentadas fueran razonables ni confiables, debido a la falta de respaldo suficiente y adecuado de los saldos contables.

De acuerdo con el informe, las causas de esta abstención se repiten de manera transversal en ministerios, servicios públicos y municipios. Entre ellas se identifican controles internos débiles o inexistentes, registros contables con inconsistencias que no fueron aclaradas, ausencia de análisis que sustente las cifras informadas y serias deficiencias en los sistemas informáticos y en los controles de tecnología de la información. Estas falencias impidieron garantizar la confiabilidad de los estados financieros y revelan riesgos significativos de mala gestión, errores graves e incluso eventuales fraudes.

La magnitud del problema es de alcance nacional. La Contraloría estimó que $15,9 billones de pesos, equivalentes a US $17.300 millones, están comprometidos en este desorden financiero, cifra que representa aproximadamente un sexto del presupuesto público proyectado para 2026. Del total observado, el 91% corresponde a entidades del Gobierno Central y el 9% a municipalidades, lo que da cuenta de una crisis transversal que afecta a ambos niveles del Estado.

Para los habitantes de la Región de Coquimbo, el informe resulta especialmente relevante considerando que los municipios fiscalizados son responsables de áreas clave como servicios básicos, programas sociales, infraestructura local y apoyo comunitario. Si bien la Contraloría auditó una muestra específica, la reiteración de las mismas fallas permite inferir que esta situación podría ser representativa de una problemática más amplia, que podría extenderse a otras comunas de la región que no fueron incluidas en este proceso.

El impacto del desorden financiero no se limita al ámbito contable. La propia Contraloría advierte que la falta de información financiera confiable afecta la toma de decisiones estratégicas, debilita la planificación del gasto público y erosiona la confianza ciudadana en instituciones que administran recursos destinados a educación, salud, vivienda y desarrollo territorial.

Como consecuencia de los hallazgos, el organismo fiscalizador instruyó 27 sumarios administrativos, 10 procedimientos disciplinarios internos y 10 remisiones de antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, reflejando la gravedad institucional del escenario detectado.

El listado de las 73 entidades auditadas —que incluye ministerios, servicios públicos estratégicos y municipalidades de distintas regiones del país— refuerza una conclusión inquietante: no se trata de casos aislados, sino de una falla estructural en los estándares de control, rendición de cuentas y gestión financiera del Estado chileno.

En un contexto de estrechez presupuestaria y crecientes demandas sociales, el informe instala una señal de alerta para la Región de Coquimbo y el país: sin una reformulación profunda de los sistemas contables, de control interno y de transparencia financiera, la capacidad del Gobierno Central y de los municipios para responder con eficiencia y credibilidad a la ciudadanía queda seriamente cuestionada.