Más de un tercio de los deudores de pensión de alimentos en Coquimbo ha pagado o llegado a acuerdo gracias a la nueva ley

Con el objetivo de lograr el pago efectivo de las pensiones de alimentos adeudadas en el país, y de garantizar la responsabilidad del Estado de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, impulsó en 2022 la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones Alimenticias. La norma permitió la creación de mecanismos para lograr el pago efectivo de las deudas desde cuentas bancarias, instrumentos financieros y fondos de pensiones.

Al mes de octubre de 2024, el Poder Judicial informó que los tribunales de familia ya habían ordenado el pago de más de $1 billón 360 mil millones de pesos a través de los mecanismos que establece la ley, es decir, un equivalente a 33 teletones. A la misma fecha, se habían pagado más de $588.275 millones.

En la Región de Coquimbo 7.465 deudores han salido del registro de deudores, ya sea pagando o llegado a acuerdo de pago, lo que equivale a aproximadamente un 35,14% de las personas que han entrado desde su creación. Aún quedan 13.779 deudores con inscripción vigente.

María José Rojas Erbetta, seremi de Justicia y Derechos Humanos, señaló que, “la dictación y posterior aplicación de la ley ha traído justicia material a años de luchas, en su mayoría, de madres por sus hijos e hijas, es una concreción de las políticas y compromisos de nuestro Gobierno de eliminar las brechas en la obtención de justicia”.

Del total de deudores vigentes en la región de Coquimbo, 22.031 (96,52%) son deudores masculinos y 978 corresponde a deudoras femeninas (3,48%).

“Durante décadas, las mujeres en nuestro país han enfrentado en soledad la crianza y el sustento económico de sus hijos e hijas, ante la falta de compromiso de quienes también debían asumir esa responsabilidad. En la región de Coquimbo, el 97% de los deudores de pensión de alimentos son hombres, una realidad que ha afectado profundamente la autonomía y calidad de vida de miles de mujeres. La implementación de la Ley de Pago Efectivo de Pensiones es un acto de justicia que fortalece la corresponsabilidad parental, permitiendo que las mujeres recuperen su estabilidad económica, proyecten su futuro con mayor tranquilidad y destinen recursos a su propio bienestar” finalizó, Camila Sabando, seremi de la Mujer y Equidad de Género.